SEGUNDO COLOQUIO INTERNACIONAL
con motivo del 126 aniversario del nacimiento
del General Emiliano Zapata

Lunes 8 y Martes 9 de agosto de 2005
Museo del Estado, Morelia, Michoacán

 

MADERO Y ZAPATA: LA DIFÍCIL RELACIÓN ENTRE
MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL ESTADO

POR SANTIAGO PORTILLA

Agradezco la invitación y la siempre generosa consideración de mi colega patricia Galeana, con quien me une, además de una larga amistad, un profundo aprecio por el Instituto Mora, al que ahora sirvo como director.

Debo decir, sin embargo, que cuando me invitó a participar de estas mesas conmemorativas del natalicio de Emiliano Zapata, con el tema general de la relación del líder campesino y emblema revolucionario por excelencia con el líder democrático Francisco I. Madero, acepté irreflexivamente.

Digo esto porque en un primer momento pensé que lo único que necesitaría para cumplir el compromiso adquirido era repasar la relación entre los dos personajes y hacer una reflexión desde el momento actual. Sin embargo, al releer la bibliografía conocida previamente y la nueva, entendí que es muy poco lo que se puede decir de nuevo sobre la frustrante relación entre Madero y Zapata. Entre los nuevo libros cabe destacar los trabajos de Francisco Pineda Gómez, de 1997, y de Felipe Ávila Espinosa, de 2001, ambos sobre el primer momento del zapatismo en la revolución de 1910.

Por esta razón decidí que en esta conferencia debía abordar y utilizar el tema original como origen y símbolo de una relación mucho más amplia, que se dio a lo largo del siglo XX: La de los movimientos sociales con el Estado o, más precisamente, con la representación gubernamental del estado.

Como sabemos, la relación de Zapata con Madero se inició antes de que éste se enterara, cuando el primero conoció que en el Plan de San Luis Potosí, con el que el segundo llamó en octubre de 1910 a la rebelión armada en contra del gobierno de Porfirio Díaz, se incluía una promesa de restitución agraria.

En efecto, en el llamado a la rebelión se condenaba el despojo agrario del que habían sido víctimas, en los tiempos del Plan, “numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas”. Más aun, se prometía que las resoluciones con las que se había realizado el despojo se sujetarían a revisión y se exigiría a quienes hubiesen adquirido “de un modo tan inmoral” esos terrenos que los restituyeran “a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos”.

Pero retrocedamos un año:

En septiembre de 1909, como lo describe John Womack, los ancianos que formaban el concejo comunal de Anenecuilco, Morelos, habían decidido transmitir su autoridad a hombres jóvenes, pues el pueblo enfrentaba nuevas amenazas sobre sus tierras y se requería de una gran energía para sortearlas y mantener la integridad de su base productiva. Como presidente del concejo quedó Emiliano Zapata.

Cuatro meses antes, en la ciudad de México, Francisco I. Madero y un grupo de otras personas de clase alta y media habían fundado el Centro Antireeleccionista de México con el propósito de participar en las elecciones presidenciales de 1910 y evitar que en México se entronizara el poder absoluto.

En Morelos había llegado a ser gobernador, por la gracia de Díaz, un representante directo de los hacendados, el petimetre Pablo Escandón, y éste era, sin duda, un signo que preocupaba profundamente a los habitantes de Anenecuilco. El desgobierno de Escandón y su notable parcialidad hacia los hacendados confirmó los temores de los campesinos morelenses. Como muchos otros, el pueblo de Anenecuilco padecía nuevos atentados contra sus tierras.

En el frente nacional, a pesar de las declaraciones de Don Porfirio al periodista estadounidense James Creelman en el sentido de que México estaba preparado para la democracia y él para dejar el poder incluso en manos de un candidato de la oposición, el gobierno reprimió a los antirreeleccionistas y sus aliados, encarceló a sus líderes, incluido Madero, y el día de la elección aplicó toda una serie de mañanas para escamotear el voto opositor.

Mientras en Morelos seguían el azoro y la indignación por la gestión del gobernador, en el conjunto del país se abrió un compás de calma para la celebración con bombo y platillo del centenario de la Independencia. Madero, entretanto, preso en San Luis Potosí, había decidido llamar a la rebelión armada como único medio para derribar a la dictadura que amenazaba con eternizarse y planeaba su fuga, la que ejecutó a principios de octubre. Salió de San Luis Potosí disfrazado de ferrocarrilero, cruzó la frontera y se instaló en San Antonio, Texas, donde se reunión con un grupo de correligionarios, también exiliados. Ahí redactaron el Plan de San Luis Potosí, al que denominaron de esta manera para no incurrir en violaciones a las leyes de neutralidad y evitar sanciones por parte de las autoridades norteamericanas.

La referencia a los despojos agrarios que llamó la atención campesina, se encuentra en el artículo tercero del Plan, en el que se reafirmaba la vigencia de las leyes promulgadas por la administración porfirista y sus reglamentos, “a excepción de aquellas que manifiestamente se hallen en pugna con ,los principios proclamados en este Plan”, y “a reserva de reformar oportunamente por los medios constitucionales aquellas que requieran reformas”.

Debe observarse también que la redacción citada respecto al problema y la solución no hablaba para nada de las comunidades o los pueblos que habían sido despojados, sino de “propietarios”, es decir, no se hacía referencia alguna al carácter comunal de la propiedad rural característico de tantos lugares en México. Hay aquí un divorcio de lenguaje y de concepto entre el liderazgo antirreeleccionista y los campesinos de Morelos. Sin embargo, la oferta fue suficiente para que el liderazgo morelense decidiera unirse a la rebelión convocada por Madero aunque al mismo tiempo fue la semilla del futuro desencuentro entre ambos. Los primeros levantamientos en el estado ocurrieron en febrero de 1911.

Sin entrar en detalles, recordemos simplemente que el levantamiento, convocado para el 20 de noviembre de 1910, en ese y los siguientes meses se extendió paulatinamente desde el norte a la mayoría de los estados de la república; que los revolucionarios se organizaron en estados Unidos y desde allí enviaron armas a México, en medio de una simpatía generalizada de la población norteamericana fronteriza e incluso de algunas de sus autoridades; que después de un primer momento de lucha de guerrillas, las fuerzas revolucionarias más activas fueron constituyendo cuerpos mejor organizados y dispuestos a enfrentamientos de mayor envergadura; que desde abril y, sobre todo en mayo, fueron ocupadas ciudades cada vez más importantes, incluida Cuautla en el estado de Morelos; que el ejército federal fue incapaz de enfrentar un movimiento disperso en gran parte del territorio nacional, pues además de carecer de una estrategia y de medios de transporte adecuados, sus cuerpos se encontraban fraccionados, sus mandos eran viejos y no conocían el terreno en el que actuaban, y la moral de sus tropas era baja.

En ese primer momento de la revolución, las fuerzas de Zapata representaban la mayor amenaza para la ciudad de México, seguidas por las de los Figueroa en guerrero. En alguna nota de prensa se decía cómo en las noches, hacia el sur, en la serranía del Ajusco, desde el Jockey Club podrían verse las hogueras de los campesinos rebeldes. Desde entonces se empezó a describir a los zapatistas como gente peligrosa e, incluso, como turbas despiadadas.

Desde fines de marzo, bajo al batuta del Secretario de Hacienda José Ives Limantour, el gobierno de Porfirio Díaz emprendió una serie de cambios con el fin de enviar mensajes conciliadores a la población, que se estaba uniendo en números crecientes a la rebelión: el 23 de marzo cambió casi todo el gabinete –formado básicamente por ancianos como su Jefe–, con las solas excepciones de los secretarios de Hacienda, y de Guerra y Marina.

Pocos días después, el primero de abril, al rendir su informe ante el Congreso de la Unión, el Presidente Díaz hizo tres sorprendentes anuncios políticos, que contradecían conductas persistentes de sus 30 años de gobierno y que revelaban sin duda la importancia de la insurrección y la debilidad del régimen frente a ella.

Primero, anunció una iniciativa de reforma legal para establecer el principio con el que él mismo se había levantado contra Benito Juárez y lerdo de Tejada, y que luego hizo a un lado para permanecer en la Presidencia: la no reelección. En segundo lugar, propuso “la interesante solución” de fraccionar “las grandes propiedades rurales”, lo que denotaba claramente la dimensión del descontento agrario y al percepción gubernamental del mismo. Señala, asimismo, una de las causas más importantes de la rebelión.

En su informe, el Presidente propuso también reformar al administración de justicia, cuando con él los tribunales habían actuado siempre bajo consigna para perseguir y encarcelar a los opositores.

Para frenar la insurrección, finalmente, se establecieron negociaciones, primero oficiosas y después oficiales, que se prolongaron infructuosamente hasta que los rebeldes tomaron Ciudad Juárez, así como otras poblaciones fronterizas y a partir de ese momento se hizo evidente para el gobierno que su ejército sería derrotado más temprano que tarde. Esto obligó a que se firmara por fin el armisticio, en al forma del Convenio de Ciudad Juárez, suscrito el 21 de mayo. En él se consignaba que Díaz renunciaría, que sería sustituido por Francisco León de la Barra y que éste convocaría a elecciones generales. El acuerdo central fue cesar las hostilidades, aclarando que las “fuerzas de la revolución” serían “licenciadas a medida que en cada Estado se vayan dando los pasos necesarios para restablecer y garantizar la tranquilidad y el orden públicos” Porfirio Díaz presentó su renuncia el 25 de mayo y partió a Europa cinco días después.

El antiguo régimen había sido derrotado con cierta facilidad, mediante una coalición de muy diversos grupos sociales y regionales. En la etapa final de este momento revolucionario, en algunos sitios hubo incluso levantamientos sin armas, sostenidos sólo por el número de ciudadanos rebeldes, pues ya no había fuerzas federales que se les pudieran oponer, como ocurrió en Nayarit y Michoacán. En la lucha, los zapatistas habían cumplido un papel importante.

Sin embargo, que la revolución se hiciera gobierno y cumpliera las expectativas generadas en los grupos que participaron en ella, no habría de ocurrir como se planteó en el Plan de San Luis, en el que se habían declarado nulas las elecciones y, por tanto, se había desconocido a las autoridades producto del fraude. La negociación para detener la lucha requirió –de ambos lados– aceptar que Porfirio Díaz renunciara, lo que obligó a la revolución a reconocer su autoridad. Para que el dictador pudiera renunciar, fue necesario reconocer también al Congreso ante el que tenía que hacerlo, y fue necesario aceptar que el Secretario de Relaciones Exteriores fuera nombrado como Presidente interino conforme a la ley. En otras palabras: La revolución se moderó en aras de la negociación.

Llevar a la práctica el licenciamiento de las tropas rebeldes fue el punto más difícil. Madero y el Presidente León de la Barra deseaban un licenciamiento lo más rápido y eficaz posible, con la garantía de que habría cambios de gobernadores en los estados y de otras autoridades locales. Como era de esperarse, hubo resistencias al licenciamiento, especialmente donde había disputas políticas y sociales agudas, como era el caso de Morelos con la cuestión agraria.

A pesar de las esperanzas de Zapata en que con el triunfo revolucionario se resolverían los conflictos agrarios en favor de los pueblos, por las que en un primer momento accedió a licenciar a sus hombres, y lo hizo, él y Madero no lograron entenderse.

Desde el día siguiente a la renuncia de Porfirio Díaz, Madero había publicado un Manifiesto a la Nación, en el que reconocía que para lograr la paz había sido necesario hacer concesiones respecto al Plan de San Luis, exponía que De la Barra estaba con la revolución y sus causas, y anunciaba que todos los gobernadores serían sustituidos “por ciudadanos que sean una garantía para el nuevo régimen”, pues podrían “dejar en pie de guerra o en calidad de milicias del estado parte de las fuerzas insurrectas que estimen convenientes”.

Sin embargo, el siguiente párrafo contenía una advertencia extraña y premonitoria, en el sentido de que no se podrían “satisfacer con amplitud todas las aspiraciones contenidas en la cláusula tercera del Plan de San Luis Potosí”. Como vimos, la única aspiración contenida en esa cláusula era la restitución de terrenos. Las “pérdidas” por este motivo, decía enigmáticamente el manifiesto, serían “inferiores a las que hubiere ocasionado la prolongación de la guerra”, como dando a entender que la promesa agraria se había negociado secretamente. Dejaba tibiamente abierta la posibilidad de reformas legales como remedio.

La perspectiva de nuestros dos personajes era en extremo diferente. Madero veía lo nacional y lo internacional desde el Estado y Zapata lo local desde su pueblo; uno desde el norte árido e individualista, el otro en el sur comunitario; don Francisco como gran propietario y liberal, Emiliano como ranchero y comunero con derechos ancestrales. Mientras Madero dejaba los cambios al tiempo de las reformas legales, Zapata exigía proceder de inmediato a la reparación de la justicia.

Para cerrar el círculo, se había nombrado como Gobernador interino a Juan Carreón, originario de Chihuahua, administrador bancario avecindado en Morelos desde hacía cinco años y, sobre todo, buen amigo de los hacendados, quienes por su parte no cesaron de conspirar en la ciudad de México y en los medios de comunicación contra las fuerzas de Zapata.

No hubo entendimiento, pues, ni en lo social ni en lo político.

Finalmente, a los malentendidos provocados por las diferencias en la visión y en los intereses se añadieron maniobras políticas y militares con las que el Presidente interino y el general Victoriano Huerta acabaron por malquistar a Zapata con Madero. Aunque hubo todavía intentos de negociación, acabaron siempre frustrados y el 25 de noviembre, antes de un mes de haber asumido Madero la presidencia, Zapata lanzó el Plan de Ayala en el que declaraba que Madero no había llevado “a feliz término la revolución que gloriosamente inició con el apoyo de Dios y del pueblo”; al contrario, la había traicionado, por lo que “desde hoy comenzamos a continuar la revolución principada por él, hasta conseguir el derrocamiento de los poderes dictatoriales que existen”.

Los campesinos morelenses se mantuvieron en guerra contra el gobierno federal hasta que Madero y Pino Suárez fueron asesinados por Victoriano Huerta, como resultado de la rebelión de Bernardo reyes y Félix Díaz, y con la complicidad del Embajador de estados Unidos.

Zapata cambió de enemigo a uno mucho más peligroso y cruel. Cuando su enemigo fue vencido por el conjunto de las fuerzas revolucionarias cuyo Primer Jefe era Venustiano Carranza, la historia de su relación fue como la primera.

Cuando Emiliano Zapata y Pancho Villa obligaron a Carranza a abandonar la ciudad de México y sus tropas la ocuparon, aunque eran los líderes revolucionarios más importantes, ninguno se planteó la posibilidad de ser Presidente de la República porque ninguno tenía una visión de Estado. Carranza sí. Ni Villa ni Zapata supieron cómo hacer de sus fuerzas un solo ejército y, por tanto, no tuvieron una estrategia común para vencer al nuevo enemigo. El estratega militar de Carranza fue Álvaro Obregón.

En la lucha misma contra los caudillos populares, la visión de Estado de Carranza y los suyos los llevó a legislar para resolver cuestiones sociales, destacadamente la agraria, y, más tarde, tras la derrota de los villistas, a convocar a un Congreso Constituyente que definiera otra vez el fundamento jurídico de la nación.

Había llegado, por fin, la reforma legal de la que Madero hablaba, pero con alcances mucho mayores de lo que pudo haber previsto. En la Constitución de 1917 quedaron plasmados los derechos sociales a la educación, a la restitución y al reparto agrarios, y al trabajo justo. Reivindicaciones que, en el mediano y el largo plazo, cambiarían profundamente a la sociedad, pero cuya consagración jurídica no bastó para que Zapata y Carranza depusieran sus diferencias y las armas, hasta que ambos fueron eliminados, Zapata por Carranza y éste por Obregón.

La promesa constitucional, es decir, esencial, de las reivindicaciones agraria y laboral dio lugar a una inmensa actividad de organización de campesinos y obreros, que se constituyeron como la base social del nuevo régimen. En 1929, se fundó un partido unificador de las más diversas organizaciones regionales, y en los años que siguieron se incorporaron otras más. El Estado mismo promovió el desarrollo organizativo de obreros y campesinos y su incorporación a los sectores del partido.

Con la experiencia de Madero y con la organización social, en vez de una representatividad democrática individual, como por la que luchó Madero, se instauró en el país una representatividad social y corporativizada en el partido.

Al comenzar los años 20, José Vasconcelos, como Secretario de Educación Pública, había comenzado intensamente a dar forma al sistema educativo de masas que creció a todo lo largo del siglo XX, primero con muchas virtudes y al final con muchas deformidades.

Las promesas agraria y laboral empezaron a cumplirse masivamente en los años 30, durante el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas. Junto con la educación y con la urbanización e industrialización desatadas en los años 40, hasta los 60 el reparto agrario, el derecho a huelga, el arbitraje laboral y la seguridad social fueron factores centrales de la profunda transformación de México.

La acción social del Estado, sin embargo, acabó siendo pervertida por el cuasi monopolio político del partido dominante, denominado desde 1945 Partido Revolucionario Institucional. Las políticas para impulsar una justa distribución de la riqueza se volvieron clientelistas, una gran parte de los recursos para aplicarlas se desvió a manos corruptas y se dejó en la marginación a amplios grupos y a muchas comunidades, más entre más crecía la población a ritmos vertiginosos, la famosa “explosión demográfica”.

Ya desde los años 50, pero esencialmente desde los 60, empezaron a surgir movimientos sociales opuestos al corporativismo priísta, cuya represión provocó una serie de conflictos que fueron minando la legitimidad del Estado: trabajadores ferrocarrileros, grupos campesinos, chóferes de la ciudad de México, profesores de educación básica, médicos, sindicatos independientes, estudiantes. Estos grupos sociales dejaron de sentirse representados por el sistema corporativizado. En el frente campesino, por cierto, el símbolo de esos conflictos fue otro dirigente morelense, de Tlaquiltenango, Rubén Jaramillo, quien fue asesinado con su familia por soldados del gobierno federal en 1962.

Además de grupos populares, contra los estudiantes la represión llegó al corazón de la clase media en Tlatelolco el 2 de octubre. En conjunto, se provocó la aparición de movimientos subversivos, en la forma de guerrillas rurales y urbanas, que reivindicaban para sí el carácter revolucionario.

La representación gubernamental del estado reaccionó de tres maneras: en primer lugar con una represión extralegal que puede considerarse como guerra sucia, aunque sin llegar al extremo de abolir la autoridad civil; en segundo, con un gasto social disparado, y finalmente con una reforma política para abrir cauces legales de participación.

Podemos decir, de este modo, que una nueva generación de movimientos sociales condujo por diversos caminos a la democratización política, mediante un juego de reivindicaciones, resistencias y reformas entre los movimientos sociales, nuevos partidos políticos y las instituciones del estado, en las que se fueron abriendo gradualmente espacios para la pluralidad, la tolerancia y la libre participación electoral. Un juego de poder con el que se construyó, al fin, la posibilidad del tan ansiado sufragio efectivo, por el que murió Madero.

Quedan, sin embargo, enormes rezagos en la realización de la justicia social, por la que murió Zapata.